Según informan fuentes Estatales, entre ellas el Ministerio de Justicia, la norma es fruto del mandato del Parlamento para refundir, armonizar, clarificar y ordenar la legislación concursal, realizado en mayo de 2015 y renovado el 21 de febrero de 2019. Desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal ha sido modificada en 28 ocasiones, lo que ha generado incongruencias en su texto, problemas interpretativos y una alteración sistemática de su contenido que habían derivado en un problema de seguridad jurídica. El texto refundido aprobado busca la preparación de la norma para su futura actualización con la incorporación en un futuro inmediato de la Directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. También permite poner en marcha futuras reformas normativas para paliar los efectos económicos sobre las empresas que pueda generar la actual crisis del COVID-19, que podrán sumarse a las medidas excepcionales ya adoptadas en el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril. El texto de la Ley Concursal hasta ahora vigente consta de 242 artículos agrupados en 10 títulos. El nuevo texto refundido cuenta con un total de 752 artículos divididos en tres libros: concurso de acreedores, derecho preconcursal y derecho internacional privado. La nueva norma ha sido informada por el CGPJ, el Consejo Fiscal y las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios coproponentes (Justicia y Asuntos Económicos y Transformación Digital) y fue objeto de información pública recibiéndose más de 23 escritos de observaciones. También ha sido informada por el Consejo de Estado que, sin perjuicio de hacer observaciones en sus más de 100 páginas de dictamen que han sido debidamente incorporadas al texto, valora la labor efectuada por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, señalando expresamente que "la refundición proyectada es necesaria, en tiempo oportuno y se ha llevado a cabo con una cuidada técnica normativa". El Real Decreto Legislativo aprobado hoy no entrará en vigor hasta el 1 de septiembre de 2020 para que todos los operadores jurídicos tengan tiempo suficiente para conocerlo en profundidad.

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Ha sido publicado en el BOE del día 7 de mayo de 2020 el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Según informan fuentes Estatales, entre ellas el Ministerio de Justicia, la norma es fruto del mandato del Parlamento para refundir, armonizar, clarificar y ordenar la legislación concursal, realizado en mayo de 2015 y renovado el 21 de febrero de 2019. Desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal ha sido modificada en 28 ocasiones, lo que ha generado incongruencias en su texto, problemas interpretativos y una alteración sistemática de su contenido que habían derivado en un problema de seguridad jurídica. El texto refundido aprobado busca la preparación de la norma para su futura actualización con la incorporación en un futuro inmediato de la Directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. También permite poner en marcha futuras reformas normativas para paliar los efectos económicos sobre las empresas que pueda generar la actual crisis del COVID-19, que podrán sumarse a las medidas excepcionales ya adoptadas en el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril. El texto de la Ley Concursal hasta ahora vigente consta de 242 artículos agrupados en 10 títulos. El nuevo texto refundido cuenta con un total de 752 artículos divididos en tres libros: concurso de acreedores, derecho preconcursal y derecho internacional privado. La nueva norma ha sido informada por el CGPJ, el Consejo Fiscal y las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios coproponentes (Justicia y Asuntos Económicos y Transformación Digital) y fue objeto de información pública recibiéndose más de 23 escritos de observaciones. También ha sido informada por el Consejo de Estado que, sin perjuicio de hacer observaciones en sus más de 100 páginas de dictamen que han sido debidamente incorporadas al texto, valora la labor efectuada por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, señalando expresamente que "la refundición proyectada es necesaria, en tiempo oportuno y se ha llevado a cabo con una cuidada técnica normativa". El Real Decreto Legislativo aprobado hoy no entrará en vigor hasta el 1 de septiembre de 2020 para que todos los operadores jurídicos tengan tiempo suficiente para conocerlo en profundidad.

Acceso directo a la norma Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

¿Estado de Alarma o Estado de Excepción? (1)
Ricardo Rodríguez Fernández
(Doctor en Derecho, Académico Correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, Magistrado,
Columnista y Consultor Internacional)
Diario La Ley, Nº 9621, Sección Doctrina, 27 de Abril de 2020, Wolters Kluwer

 

La declaración del Gobierno del estado de alarma para combatir esta pandemia que nos asola, entiende el autor
que, originariamente, era correcta con nuestra Constitución y ordenamiento jurídico, pero que, por los posteriores
Reales Decretos que autorizaron las sucesivas prórrogas —dos hasta la fecha—, en la que se suspenden derechos
fundamentales recogidos en nuestra Constitución —que enumera y explica—, determina que debería decretarse el
estado de excepción, único estado —junto con el de sitio— que permite la suspensión de tales derechos
fundamentales: la libertad deambulatoria y de movimientos, el derecho de reunión, de libertad de culto, de
libertad de empresa, de propiedad, entre otros.

  

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La prueba pericial informática de parte en un proceso penal por un delito informático debe ser uno de los elementos de valoración del Juez para dictar la sentencia.

Los jueces no saben de todo. Cuentan con unos sólidos conocimientos jurídicos, pero en muchas ocasiones, tienen que enjuiciar en un proceso judicial determinados hechos que no dominan, y para valorarlos y resolverlos en sentencia van a necesitar ayuda.

Esto ocurre en multitud de ámbitos en los que los que, para el Juzgador, resulta indispensable despejar las dudas que le surgen en relación con temas científicos o técnicos de evidente complejidad que no conoce.

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Artículo basado en la conferencia sobre «Responsabilidad penal del perito en su intervención» en la Jornada de la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de justicia de la Comunidad de Madrid (APAJCM).

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Ministerio de Economía y Empresa.- Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital.

Esta resolución tiene por objeto desarrollar los criterios de presentación de los instrumentos financieros en las cuentas anuales de las sociedades de capital, y aclarar las implicaciones contables derivadas de la regulación contenida en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Ver disposición completa B.O.E. 11 de marzo de 2019

 

Comunidad de Madrid.- Consejería de Justicia.- Orden 116/2018, de 23 de agosto, de la Consejería de Justicia, por la que se desarrollan las normas relativas a la gestión, liquidación y recaudación del precio público de las pericias efectuadas a solicitud de particulares, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.

BOCM 4 septiembre 2018 (Ver norma completa)

 

Jefatura del Estado.- Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciameinto Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas (B.O.E. 12 junio 2018)

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para acelerar los plazos para el desalojo de ocupantes ilegales de viviendas. Podrán pedir la inmediata recuperación de la vivienda los propietarios personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas poseedoras de vivienda social. La acción podrá dirigirse genéricamente contra los ocupantes desconocidos.

Entrada en vigor: a los 20 días de su publicación.

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Consejería de Transportes, Vivienda e Infrestructuras de la Comunidad de Madrid.- Decreto 8/2018, de 13 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de Agentes Inmobiliarios de la Comunidad de Madrid y se regulan los requisitos para la inscripción del agente inmobiliario (BOCM 16-2-2018).

Con el objetivo de la defensa y la protección de los derechos de quienes contratan los servicios de mediación inmobiliaria, se regula la creación de un Registro de Agentes Inmobiliarios de la Comunidad de Madrid y se contemplan una serie de requisitos que habrán de cumplir aquellos que intervengan en el mercado inmobiliario y deseen inscribirse en el mismo. Los requisitos son de actividad, de capacitación profesional y de solvencia.



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